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Pregunta de: Samira Battaglia | Última actualización: 11 de diciembre de 2021
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El decreto ley entra en vigor el mismo día o el siguiente al de su publicación en el Diario Oficial.
Decreto Legislativo: ley de delegación y funciones de Gobierno y Parlamento. A diferencia del Decreto Ley, en el que el Parlamento tiene competencia tras la promulgación del acto con fuerza de ley ordinaria, en el Decreto Legislativo es el propio Parlamento el que delega la expedición de las leyes al Gobierno.
Este último es un acto legislativo con fuerza de ley utilizado por el gobierno en casos extraordinarios de necesidad y urgencia (artículo 77 de la Constitución). Los decretos de ley entran en vigor de inmediato y luego el parlamento debe convertirlos en ley dentro de los 60 días.
77 de la Constitución. El párrafo cuarto del art. 99, sin embargo, introduce una serie de novedades significativas en la materia, con respecto a la disciplina constitucional vigente: el plazo para la conversión de los decretos-leyes pasa a ser de 45 días desde su publicación.
Con referencia al art. 77 de la Constitución, este Tribunal ha reiterado aquí parcialmente la citada jurisprudencia, reconociendo que las Regiones pueden impugnar un decreto-ley por causas relativas a la supuesta violación del mismo art.
Factura
Puede ser presentado por cada miembro de las Cámaras, por el Gobierno, por al menos cincuenta mil electores, por un Consejo Regional o por el Consejo Nacional de Economía y Trabajo (CNEL).
Autoridad remitente o juez remitente: es la autoridad judicial que introduce un juicio de legitimidad constitucional de las leyes de manera incidental, suspendiendo el proceso pendiente ante ella.
El arte. 78 de la Constitución prevé el estado de guerra: establece que las Cortes Generales deciden el estado de guerra otorgando al Gobierno las facultades necesarias, es decir, estrictamente proporcionadas al evento a enfrentar.
El tribunal define el concepto de reiteración, indicando que el decreto es reiterado si el texto es sustancialmente idéntico al anterior o si no se han producido nuevos hechos extraordinarios que justifiquen la reiteración del decreto. …
El decreto de emergencia
La sustitución de la ley de las Cortes por el decreto gubernativo está jurídicamente ligada al carácter extraordinario de los supuestos de necesidad y urgencia en que se funda, por lo que no se admite el recurso a este instrumento fuera de ellos.
El decreto-ley, al igual que el decreto legislativo, es un acto que tiene «fuerza de ley»: es, es decir, un acto normativo del Gobierno igual a la ley, tanto como la capacidad de innovación dentro del ordenamiento jurídico (así -llamada vis abrogans), y como resistencia a la derogación por parte de fuentes subordinadas.
El Gobierno no puede, sin una delegación de las Cámaras [cfr. art. 76]dictar decretos que tienen fuerza de ley ordinaria.
Un acto normativo, en derecho, es un acto jurídico que tiene por efecto la creación, modificación o derogación de normas generales y abstractas de un determinado sistema jurídico sobre la base de las normas sobre producción jurídica vigentes en el mismo sistema.
El decreto ley debe ser convertido en ley por el Parlamento dentro de los 60 días, de lo contrario pierde eficacia desde el principio. Las Cámaras, sin embargo, pueden regular con una ley las relaciones jurídicas que surjan con base en el decreto ley.
El DL produce sus efectos y por tanto entra en vigor inmediatamente después de la publicación del texto en el Diario Oficial. Para las leyes ordinarias, en cambio, hay que esperar 15 días, término conocido como “vacatio legis”.
El proceso de decreto legislativo consta de tres pasos: una resolución del Consejo de Ministros. un decreto presidencial de promulgación. publicación en el Boletín Oficial.
Por requisitos cautelares entendemos: el riesgo de contaminación de la prueba, siempre que se trate de un peligro concreto y actual (según art. 274 c. 1 cpp).
Así, por ejemplo, la Corte Constitucional, en los siguientes casos, declaró la ilegitimidad de los decretos ley por no haber respetado el requisito de homogeneidad, con la introducción de normas totalmente «ajenas» o incluso «intrusas»: decreto-ley n.
Art. 16. Todo ciudadano puede circular y residir libremente en cualquier parte del territorio nacional, salvo las limitaciones que la ley establezca con carácter general por razones de salud o seguridad. No se pueden determinar restricciones por razones políticas.
52. La defensa de la patria es un deber sagrado del ciudadano. El servicio militar es obligatorio dentro de los límites y modalidades establecidos por la ley. Su cumplimiento no afecta el puesto de trabajo del ciudadano, ni el ejercicio de los derechos políticos.
La República protege la salud como derecho fundamental de la persona y en interés de la comunidad, y garantiza la atención médica gratuita a los indigentes. Nadie puede ser obligado a un determinado tratamiento de salud sino por ley.
En definitiva, sólo el Estado y las Regiones pueden apelar directamente al Tribunal Constitucional, por lo que los demás sujetos que no pueden apelar directamente al Juez de las Leyes todavía tienen la posibilidad de intervenir incidentalmente.
La expresión se usa en el lenguaje legal italiano para indicar a los dos jueces que se sientan al lado del presidente y forman el panel de jueces con él.
Cuando el Gobierno considere que una ley regional excede la competencia de la Región, puede plantear la cuestión de legitimidad constitucional ante el Tribunal Constitucional dentro de los sesenta días siguientes a su publicación.
Por ley, un proyecto de ley (ddl), o incluso una propuesta -o proyecto- de ley (pdl), significa un texto con el que se prevé la expedición de un acto normativo de rango primario.